Evocando el espectro de la Junta, Rosselló intenta presentarse como defensor “del pueblo” mientras reafirma plan para sangrar a las masas obreras

por Carlos Borrero

El mensaje sobre la situación del país de Rosselló fue todo un despliegue de subterfugio.  Mientras la apertura del mensaje fue dedicada a recontar varias de las medidas nefastas ya aprobadas las cuales o sientan las bases futuras para o representan en sí ataques directos a las masas obreras – además de un cínico interludio en que trató de presentarse como defensor de la mujer alabando a aquellas que se han unido a su administración reaccionaria – la mayoría del discurso fue dedicada al intento falso de contraponer sus propuestas a las de la Junta.  La verdad es que lo único que distingue a Rosselló de la Junta es su proximidad a las masas y el miedo real de que la ira popular se le reviente en la cara.

 

A pesar del intento de usar unos toques retóricos para presentarse como algo que no fuese un simple secuaz de la Junta, se hizo obvio que no hay diferencia substantiva entre los dos.  En lugar de la metáfora del tamaño del cuarto y los muebles, habría sido más exacto si Rosselló hubiese referido a la Junta como el juez sentenciador y su administración como los verdugos con hacha en mano.

 

Al contraponer la demanda de la Junta por una reducción en 30% de la nómina del sector público, Rosselló trató de presentar su plan para eliminar 96 agencias como una “medida de ahorro” con el objetivo de introducir mayor eficiencia al gobierno.  Sin embargo, nadie es tan ingenuo para creer, especialmente después de las sucesivas olas de despidos llevadas a cabo por todas las administraciones pasadas, que una reestructuración tan dramática tendría lugar sin más recortes de empleos.

 

Luego procedió a levantar el espectro de un IVU de 22% supuestamente propuesto por la Junta para presentar su esquema para una reforma contributiva como una alternativa más aceptable.  Además de una campaña más agresiva contra la evasión fiscal dirigida específicamente a la clase obrera y los dueños de negocios informales, Rosselló está preparando una reforma contributiva que aumentaría significativamente los impuestos a las viviendas.  Como hemos recalcado, tal plan tendrá implicaciones sobre una gama de servicios sociales siendo la calidad escolar una de las más obvias.

 

En un momento de su discurso en que se quitó la careta, Rosselló recalcó su optimismo de que el conjunto de medidas como la Reforma Laboral, la Reforma de Permisos, la Reforma Energética y la reestructuración del gobierno junto con su compromiso de reducir las tasas tributarias a los negocios medianos y grandes condujera, al igual que las políticas públicas promovidas por Trump y el Congreso, al crecimiento económico.  Vale recordar que el presupuesto sometido por Trump hace unos días contempla recortes masivos a varias agencias federales, que incluyen el Departamento de Educación y la Agencia de Protección Ambiental, al son de $54 mil millones mientras aumenta por la misma cantidad la asignación al Pentágono y otros aparatos de represión estatal.  Es a ese presupuesto de recortes sociales devastadores y el belicismo desenfrenado que se refiere Rosselló cuando habla de “políticas públicas” y “crecimiento económico”.

 

En lo que fue su más cínico intento de engañar a la ciudadanía, Rosselló recurrió al doble sentido para ocultar el ataque contra la salud que avecina.  Evocando frases como “sistema de salud personalizado” y “control al paciente”, Rosselló empleó el mismo lenguaje codificado del Secretario de Salud, Tom Price, cuando éste habla de “patient choice”.  Para Price y Rosselló el llamado “patient choice” no es más que la conversión de Medicaid y Medicare en programas que combinan una reducida asignación de fondos en bloque (block grants) a cada estado o jurisdicción con vales que permitan al paciente comprar su cubierta médica de cualquier aseguradora, aun las que están en otro estado o área.  En las palabras de Rosselló, sería una reforma “que te permita buscar acceso”.  Sin embargo, las aseguradoras no estarían bajo ninguna obligación legal de cubrir condiciones preexistentes y tal propuesta guiada por el principio de “pago por valor” crearía aun más incentivos para subir los costos al mismo tiempo en que se negaría los servicios no sufragados por los vales.  En palabras muy sencillas, el plan de Price-Rosselló expandiría el mercado para las aseguradoras, les eliminaría cualquier obligación legal de cubrir servicios y limitaría la responsabilidad del gobierno para la salud pública asignándole un mísero vale a la gente para que se defienda a como dé lugar.

 

En la última parte sustantiva del discurso, Rosselló reiteró su intención de colocar las pensiones en manos de especuladores financieros.  Pintando su “plan” como una alternativa al recorte de 10% recomendado por la Junta, se comprometió a ‘capitalizar’ las pensiones.  En lenguaje claro tal medida convertiría el sistema de pensiones de un régimen basado en beneficios definidos y garantizados en uno de cuentas individuales, estilo 401K, manejadas por los llamados asesores financieros.  La capitalización de pensiones implica un pago mensual del interés, algo similar a un pago de anualidad, sobre la cantidad de ahorros acumulados en una cuenta de retiro.

 

Surgen de inmediato dos grandes preocupaciones.  Primero, son pocos los obreros en Puerto Rico que puedan acumular durante 30 años de trabajo suficiente dinero en una cuenta de retiro para que la distribución anual más común de 4½ % del total – esa cifra es reconocida como un buen estimado para garantizar que los fondos en una cuenta de retiro no se agoten durante la vida del retirado dada la actual expectativa de vida –  se dé para proveerle un mínimo de 85% de sus ingresos cuando eran activos.  La implicación más obvia de este plan sería una creciente precariedad si no la completa inmiseración de los retirados.  Es de conocimiento común que muchos trabajadores en Puerto Rico regularmente usan sus cuentas de retiro para “sacar préstamos” y así suplementar sus míseros ingresos o costear una emergencia.  Segundo, una de las medidas recientes de la administración de Trump fue la derogación de la Regla Fiduciaria (Fiduciary Rule), la cual hubiera requerido a los asesores financieros a poner los intereses de sus clientes, los retirados con cuentas de retiro, por encima de los de las instituciones financieras que manejan sus cuentas.  Ahora, estos mismos asesores no tienen ninguna obligación de revelar ningún acuerdo secreto al tomar decisiones sobre cómo invertir los fondos en las cuentas de los pensionados.  Rosselló, el gemelo ideológico de Trump, sabe muy bien estas cosas.

 

El uso de la Junta como contrapunto a las propuestas de Rosselló fue puro teatro demagógico.  En nada se distinguen los intereses fundamentales de esta banda de chacales y los secuaces coloniales.  El mensaje sobre la situación del país ofrecido por Rosselló fue toda una declaración de guerra contra las masas obreras.  Es en este sentido que se deben entender las manifestaciones de protesta que se dieron frente al Capitolio por grupos de jóvenes y obreros.  Estas expresiones de ira popular y desafío militante, si bien son comprensibles dada la situación de las masas, tendrán que combinarse con una reorganización de la resistencia popular orientada a la clase obrera, guiada por un programa socialista y fundamentada en la creación de nuevos órganos políticos mediante los cuales los obreros tendrán que dirigir la política pública del país.  Dichos órganos son los consejos obreros por los que luchan los obreros comunistas.

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