Administración territorial criminaliza la protesta popular

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Foto: Víctor Birriel

Por: Ismael Castro

En una medida que presagia las inminentes protestas populares contra el severo programa de austeridad impuesto sobre las masas, la legislatura territorial ha propuesto enmendar el código penal para criminalizar la disidencia.  El proyecto de Ley 743, conocido como la ley Tito Kayak y que se está discutiendo en la cámara de representantes, crea un marco legal mediante el cual el Estado territorial pretende intimidar a quienes se oponen a la campaña de saqueo llevada a cabo por los capitalistas y sus defensores políticos.

Entre los componentes más antipopulares de dicho proyecto de ley se destaca el artículo 200, el cual estipula una sentencia fija de tres años de cárcel a “toda persona que con la intención de impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas, realice cualquiera de los siguientes actos: (a) Impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la propiedad donde se realiza la obra o movimiento de terreno. (b) Ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de 4 construcción o el movimiento de terreno.

A luz de la campaña de modificar la permisología gubernamental bajo el fraudulento pretexto de “reducir los obstáculos burocráticos para el desarrollo” comunidades como Playuelas y Peñuelas que se organizan para oponerse a las embestidas de los capitalistas caerían, bajo estos estatutos, en la categoría de criminales.

El artículo 246 de dicho estatuto es un claro intento de criminalizar cualquier resistencia radical colectiva al régimen tributario cada vez más oneroso e injusto mediante el cual el Estado territorial saquea a los trabajadores y pequeños comerciantes para satisfacer las demandas de los parásitos financieros.  Dicho artículo declara un crimen todo intento de “Impedir, demorar, estorbar u obstruir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo” incluyendo “el cobro autorizado por ley, de rentas, contribuciones, arbitrios, impuestos, patentes, licencias u otras cantidades de dinero en que esté interesado el . . . Gobierno de Puerto Rico.”

El artículo 247 apunta específicamente a los que se oponen a los recortes brutales a la educación pública y el sistema de salud pública.  En otras palabras, los maestros y otros profesionales médicos que organizan huelgas u otras formas de protesta para llamar la atención a las medidas draconianas que se están imponiendo para negar a la ciudadanía escuelas adecuadas así como centros y servicios médicos necesarios serán considerados criminales por el Estado y sujetos al encarcelamiento.

No debería sorprendernos que las enmiendas propuestas al Código Penal hayan recibido el pleno respaldo de figuras tan notorias como Wanda Vázquez y Michelle Hernández.  Aunque Rosselló ha alabado a ambas por ser las primeras mujeres en dirigir el Departamento de Justicia y Policía dentro del territorio, son tan reaccionarias y anti-obreras como el resto de los funcionarios de su administración.  Hernández merece una mención especial ya que esta militar retirada al mando de la Policía representa la mayor militarización de dicha institución.  En este sentido, Rosselló, lejos de representar algo nuevo como pretende proyectar al público, lo que ha hecho es retomar la campaña represiva realizada por Fortuño y su camarilla de secuaces, desde Carlos García en la Junta de Wall Street hasta Rivera Schatz a la cabeza de ese foso de crimen organizado y suciedad que los capitalistas llaman una legislatura.

Los estrategas capitalistas, tanto en EEUU como en el territorio, entienden muy bien que la guerra que se les está llevando a cabo contra las masas obreras provocará una respuesta popular.  La intensificación de las confrontaciones entre clases es inevitable.  Precisamente por eso los capitalistas impulsan el fortalecimiento del aparato represivo del Estado.  La decisión de enmendar el código penal es otro indicio más de que para los capitalistas no habrá marcha atrás.  Los parásitos capitalistas no aceptarán ningún compromiso ni entretendrán reformas.  Los capitalistas exigen la sumisión total.

Las masas obreras, si han de resistir la actual embestida de los capitalistas, tendrán que prepararse para las batallas por delante.  Tal preparación requiere de nuevas formas organizativas además de la aceptación de un programa revolucionario basado en la lucha por derrocar el capitalismo.