Filtrado memorándum propone desplegar guardia nacional contra inmigrantes

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Por: Ismael Castro

Un memorándum escrito por el Secretario del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), el general retirado John Kelly, y publicado el viernes pasado por la Associated Press, reveló que la administración entrante de Trump autorizó la preparación de planes detallados para desplegar hasta 100.000 tropas de la Guardia Nacional en varios estados por de la frontera de EEUU con México para detener y deportar a inmigrantes.  A pesar de que el memorándum filtrado contiene una fecha errónea (20 de enero de 2017) para referir a una orden ejecutiva sobre la “seguridad fronteriza” y la “aplicación de la política inmigratoria”, es evidente que los planes descritos en dicho documento fueron preparados y discutidos por altos funcionarios de la administración entrante en los días antes de la toma de posesión.  En respuesta a las preguntas sobre dicho memorando fechado el 25 de enero y dirigido a los jefes de ICE (Inmigración y Aduanas) y Aduanas y Protección Fronteriza, el secretario de prensa de Casa Blanca, Sean Spicer, intentó negar que hubiera discusiones dentro de la administración Trump sobre cómo llevar a cabo las propuestas contenidas en el documento.

El documento detalla un plan de expandir la sección 287(g) del actual Acta de Inmigración y Nacionalidad para autorizar el uso de fuerzas estatales y locales además de efectivos de la Guardia Nacional para “investigar, identificar, detener, arrestar, y llevar a cabo registros de extranjeros para propósitos de aplicar las leyes inmigratorias.”   Destaca que el previo uso de estos mismos cuerpos policiacos y de la Guardia Nacional entre 2006 y 2015 fue exitoso en la identificación de más de 400.000 personas “removibles”.

Hay otras secciones del documento de once páginas que tratan de la remoción expedita de personas, es decir, la suspensión del derecho a apelar, y su traslado al país por donde entraron a EEUU, que sería en todos casos México.  Además, el memorándum esboza un proceso que hace más onerosos los criterios para los solicitantes de asilo en Estados Unidos y abre una brecha para la ‘repatriación’ de menores no acompañados, la inmensa mayoría de países centroamericanos quienes huyen de los afectos de décadas de esfuerzos imperialistas de desestabilización, que son detenidos al cruzar la frontera.

Aunque el propuesto plan se enfoca en los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas incluye a los siete estados contiguos con éstos.  La implicación práctica de un plan a tal escala sería la ocupación militar de más de una cuarta parte del territorio estadounidense.  En otras palabras, constituiría una declaración de guerra en la que la población de origen latinoamericano figuraría como el “enemigo” inicial y, igualmente significativo, el pretexto para futuros ataques contra todas las masas obreras estadounidenses.  De implementarse, dicha movilización de fuerzas militares a nivel interno sentaría las bases para una campaña más amplia de derogación de derechos básicos, la imposición de la ley marcial y el aplastamiento de toda resistencia de las masas populares.

El mero hecho de elaborar y debatir el plan resalta el carácter fascista de la nueva administración, incluso si no se implementa de inmediato.  Sin embargo, es importante recordar que esta agenda ultra reaccionaria es la continuación de las políticas iniciadas y desarrolladas por las anteriores administraciones.  En una muestra clara del alineamiento entre demócratas y republicanos, no ha habido grandes denuncias de la propuesta por cualquiera de las partes.  También debemos recordar que el autor del memorando, John Flynn, recibió el aval de varios demócratas durante los votos de confirmación, al igual que la mayoría de los candidatos al gabinete de Trump.

Es en el contexto de esta intensificación de los ataques contra los inmigrantes, particularmente los de origen latinoamericano, que el reciente proyecto de ley para impulsar una consulta de estatus radicado por la anexionista, Jenniffer González, debe ser analizado.  Más allá de la psicopatología degenerada de personas como González, Rivera Schatz y Rosselló que promueven tal proyecto dentro del contexto histórico actual, la realidad objetiva es que los propulsores de la consulta pretenden anexionar Puerto Rico en un momento en que la clase dominante estadounidense desencadena una vil campaña de ataques brutales contra todos los trabajadores caracterizada por el chauvinismo étnico extremo, el militarismo desenfrenado a nivel interno además del externo, la destrucción del medio ambiente y la derogación de los derechos democráticos básicos en todos los ámbitos de la vida social.  Los proponentes de la consulta sobre el estatus no son sólo padecen de la psicopatología del colonialismo analizada por personas como Fanon, sino que son socios menores totalmente alineadas con los elementos más reaccionarios y anti obreros de la clase dominante de Estados Unidos.

Los comunistas denunciamos los ataques contra inmigrantes en Estados Unidos y los otros países capitalistas principales.  Exigimos la libertad de movimiento así como la igualdad de derechos y protecciones para todos los trabajadores, nativos e inmigrantes, por todo el mundo.  Denunciamos los planes militaristas del gabinete fascista nombrado por Trump y aprobado tanto por los republicanos como demócratas.  Instamos a los trabajadores en Estados Unidos a reorganizarse con el objetivo de llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad.  Denunciamos la consulta de estatus, completamente reaccionaria, propuesta por la administración anti obrera de la PNP.  Exhortamos a todos los trabajadores en Puerto Rico a rechazar a los partidos políticos coloniales y a unirse a la lucha de la clase obrera basada en nuestro programa para establecer una república socialista como parte de la Federación Continental de Estados Socialistas de América.