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El empleador único: mecanismo para concentrar el poder político

Por Carlos Borrero

La aprobación en el Senado del proyecto del empleador único allana el camino para una mayor concentración de poder en manos de la administración derechista de Rosselló. Bajo esta nueva medida no sólo se ejercerá mayor control sobre los trabajadores públicos, muchos de los cuales que ahora estarán sujetos a trasladados de una agencia a otra a discreción del gobierno central, sino que todas las agencias gubernamentales experimentarán una pérdida total de autonomía.  Las implicaciones políticas de esta medida serán profundas.

Al crearse la nueva Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATHR) se impondrán sobre las diferentes agencias e instrumentalidades del gobierno territorial las directrices para la contratación de todos los nuevos empleados. Más allá de la concentración del amiguismo ya institucionalizado en el gobierno, es evidente el peligro que representa la subordinación total de todas las agencias a una administración central de derecha como la de Rosselló.  La nueva medida le da a la OATHR control sobre la contratación de trabajadores públicos además de la autoridad para rediseñar las clasificaciones de los puestos de trabajo.  Esto le abre paso al director de la OATHR para que pueda modificar las clasificaciones de ciertos puestos como manera de ejercer enorme presión sobre un significativo sector de los trabajadores públicos.

Las políticas promovidas por el tándem de la administración Rosselló y la Junta de Wall Street representan una intensificación de los ataques contra los trabajadores. La Ley del empleador único no sólo se ubica dentro del plan más amplio de anular las conquistas históricas de la clase obrera – reduce las licencias de vacaciones y enfermedad tal como la fraudulenta y cínicamente llamada ‘reforma laboral’ –  sino que también amenaza la educación pública, la salud pública y el medio ambiente. Mediante el proyecto del empleador único se institucionaliza un ambiente para prevenir un mínimo de oposición interna a las políticas nefastas de la administración de Rosselló ya que se sientan las bases para llenar los puestos intermedias de todas las agencias gubernamentales con personas leales al PNP y su programa político de derecha.

Los trabajadores no son indiferentes a las cuestiones relacionadas a la eficiencia gubernamental o la asignación racional de recursos humanos. De hecho, ensayan todos los días con modelos centralizados y descentralizados de organización dentro de sus sindicatos.  Este es un asunto práctico y necesario para cualquier consideración de una futura forma de gobierno dirigido por la clase obrera.  Independientemente de las distintas maneras de organizar la administración pública éstas siempre quedan subordinadas a la orientación política de quienes dirijan el aparato de gobernanza.  En otras palabras, los llamados para una mayor “eficiencia”, etc. pueden parecer lógicos y necesarios para cualquiera que haya tenido que lidiar con la burocracia y hasta ineptitud gubernamental en el territorio.  Sin embargo, el intento por una administración de derecha de hacer más eficientes el funcionamiento gubernamental y la asignación de recursos invariablemente asumirá un carácter reaccionario.  En el caso del proyecto impulsado por Rosselló, la “eficiencia” sólo significa ejecutar de manera más eficiente su política derechista de atacar a la clase obrera y fortalecer el régimen autoritario en el territorio.

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