Las mentiras de Rosselló con las Alianzas Público Privadas

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A pesar de que la clase trabajadora hemos pagado varias veces los préstamos para su construcción, el capital financiero y sus títeres coloniales se aprestan a convertirlas en "eternas" maquinitas de extracción de ganancia por medio de su endeudamiento perpetuo.

Por Ismael Castro

Como tantas otras cosas en la política del territorio, el plan para “atender la crisis económica” mediante las alianzas público privadas (APP) tan trompeteado por Rosselló y su designado, Omar Marrero Díaz[1], no representa nada nuevo u original.  Es en realidad una copia de segunda mano del plan para la renovación de la infraestructura en EEUU que ha propuesto el presidente-electo Trump.  E igual que las propuestas de Trump[2], el plan de Rosselló es toda una farsa.

¿Cómo funcionan las alianzas público privadas?

Aunque hay diferentes modalidades de las alianzas público-privadas la característica central de todas es la entrega del derecho a todos los futuros flujos de ingresos que genera la obra pública o el servicio además de una concesión de un crédito impositivo a la empresa privada que acepta entrar en la “alianza”.  Es decir, a cambio de construir una nueva autopista, un nuevo puente o puerto, o renovar un sistema de acueductos y alcantarillado, una empresa privada recibe una exención contributiva – en el plan de Trump, por ejemplo, los estimados iniciales colocan el crédito impositivo en 82%! – y puede cobrar todos los peajes y otros honorarios asociados con la obra pública o el servicio.  Aun en los casos en que se efectúa una simple “transferencia” en vez de la construcción de una nueva obra pública o la prestación de un nuevo servicio, los intereses privados suelen recibir una exención contributiva además del derecho a extraer honorarios.

Se justifican estas “alianzas” con el argumento de que al no financiar dichos proyectos mediante una emisión de bonos, el gobierno no incurre en mayores deudas.  Sin embargo, este argumento equivale a una distorsión cínica de lo que en realidad es un esquema para la privatización de la infraestructura y los servicios públicos.

En primer lugar, aunque “en teoría” el gobierno no incurre una deuda adicional de estos proyectos a corto plazo, pierde una importante fuente de ingresos en virtud de conceder derechos futuros a los peajes y demás honorarios generados por una obra pública o un servicio. Huelga decir que en manos de una entidad privada hay un incentivo perverso para reducir al mínimo los costos laborales además de incumplir con las regulaciones ambientales y de seguridad asociadas con el manejo de un recurso público.  En segundo lugar, el hecho mismo de que las alianzas público-privadas se basan en la concesión de futuros flujos de ingresos significa que sólo se tendrán en cuenta los proyectos rentables para los intereses privados, mientras que otros proyectos tan necesitados serán ignorados.  Por ejemplo, si bien la reciente carta del jefe de la Junta de Wall Street, José B. Carrión, enviada a García Padilla y Rosselló destaca las deplorables condiciones de la infraestructura vial[3]  en Puerto Rico, ¿cree alguien que los intereses privados tienen algún incentivo para mejorar las carreteras secundarias que se encuentran en condiciones decrépitas cuando la construcción de nuevas autopistas con peajes ofrece oportunidades para sacar jugosas ganancias?  Lo mismo se puede decir de otros proyectos “no rentables” como la limpieza ambiental, etc.

Además de incentivar los proyectos generadores de permanentes flujos de ingresos por encima de otras obras públicas y servicios que aunque no rentables son esenciales para la sociedad, las alianzas público-privadas promueven las más descaradas formas de corrupción.  Tanto en la identificación de los proyectos de obras públicos que se vayan a llevar a cabo como en los procesos de contratación y “monitoreo”, estas “alianzas” son un caldo de cultivo para los acuerdos a puerta cerrada y sobornos.  La corrupción de la administración previa quedará corta al lado de lo que viene.

El proyecto para promover las APP resalta no sólo el carácter verdadero de la administración territorial de Puerto Rico en particular sino también la falta de soluciones viables para las crisis sociales y económicas de la clase capitalista y sus representantes políticos en general.  Mientras el Estado colonial en Puerto Rico le impone a la mayoría obrera toda clase de impuesto y cargo nuevo, no sólo libera a los capitalistas de sus responsabilidades impositivas sino que les entrega también todo recurso público rentable para la extracción más ganancias.  Tal situación es insostenible.

Se aproxima el momento en que las inevitables confrontaciones entre las masas obreras, por un lado, y los capitalistas y sus defensores, por el otro, lleguen a un punto decisivo.  Los comunistas instamos a los obreros a preparar para estas confrontaciones venideras con la reorganización revolucionaria de sus fuerzas.  La victoria de las masas obreras sólo se logrará mediante tal reorganización.