El fraudulento plan económico de la burguesía criolla

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Foto: Página Web Cámara de Representantes http://www.tucamarapr.org/
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Por: Abayarde Rojo

Como era de esperarse, la cámara aprobó la ley de “transformación y flexibilidad laboral” estableciendo mayor desprotección en las nuevas reglas en la lucha de los trabajadores contra los patronos. Sin embargo, esta nueva ley forma parte de una ofensiva mucho más amplia que se enmarca dentro de dos ámbitos. Primero, es la continuación de las políticas de las administraciones de Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Plan Krueger y las recomendaciones de la JWS. Por el otro lado, el fortalecimiento de las agrupaciones de la burguesía criolla: coalición del sector privado y la asociación de industriales. Todo esto con para supuestamente lograr “la expansión de sus operaciones y el reclutamiento de mano de obra”.

Algunas de las medidas de la nueva reforma laboral aprobada en la Cámara son:

  • establecer un día laboral uniforme y permitir a los patronos ofrecer horarios semanales de trabajo flexibles;
  • eximir del pago de bono de navidad a empleados de 25 años o menos; extender el periodo probatorio en el empleo a 12 meses;
  • día laboral de 8 horas basado en días calendario, no en periodos de 24 horas;
  • ofrecer la opción de calcular horas extra basándose en las horas trabajadas en exceso de 40 horas a la semana y no sobre el exceso de 8 horas al día
  • simplificar el proceso de exención del pago del bono de navidad, etc.

 

El fraude del “FlexiTime”

Resaltan en importancia los cálculos de días a base de horas trabajadas y de horas extras porque van dirigidos a menoscabar el periodo de descanso entre jornadas laborales y extenderlas sin el pago de horas extras. Los trabajadores tenían derecho a un mínimo de 8 horas entre jornadas de trabajo, pero con el nuevo cálculo, se hará por días calendarios y no por periodos de 24 horas.

¡Con esto ya efectivamente no hay jornada de 8 horas!  Se eliminó de cantazo más de 100 años de lucha obrera.  ¡Volvemos al Siglo 19!  Ahora, aun cuando el empleado trabaja 40 horas semanales haciendo 10 horas diarias no hay que pagar horas extras.  Y se complementa el resto de la semana empleando a un empleado de 25 años o menos que no tendrá derechos algunos.  El patrono ganará dos veces.  Tanto así como en los aspectos de las licencias de vacaciones y de enfermedad (menos días y más horas requeridas para cualificar) se divide la clase obrera por edad/generaciones.  (Esto se hizo con los autoworkers en EEUU donde los “viejos” ganan $28 la hora y los “nuevos” $14.50.  Se llama Two Tier System.

De la misma forma se elimina el $11.25 los domingos.  Ya no hay paga doble.  Otro elemento que tiene impacto son las disposiciones sobre justa causa – el patrono puede despedir reclamando “competitividad” y le recae al empleado despedido probar despido injusto. Es decir, lo botan y el que no tiene ni sindicato tiene que buscarse un abogado.

El conjunto de todo esto es mayor control sobre el proceso laboral que ejercen los capitalistas para propósitos de aumentar brutalmente la explotación y constituye un marco legal para pisotear al obrero.

 

La excusa de la “competitividad y desarrollo”

Los economistas pagados por la burguesía, entre ellos, Elías Gutiérrez y Gustavo Vélez, que defienden la ley de flexibilización del trabajo, realizaron los estudios en contra de las leyes laborales existentes usando los argumentos trillados de “competitividad y desarrollo económico”. Sin embargo, no reseñan el efecto económico que tendrán esas políticas en las condiciones de vida a nivel general de las masas. Interesantemente, el informe reconoce los bajos salarios que imperan en Puerto Rico, un promedio semanal de $512, pero no toma en cuenta la gran cantidad de impuestos contra esos salarios. Algunos de esos impuestos se usan para pagar deuda y no se utilizan para proveer los servicios que alegan proteger.

 

Más créditos contributivos para la burguesía criolla

Pero el plan económico que impulsa la burguesía criolla está dirigido en su fondo a lograr una nueva reforma contributiva hecha a su medida para mantener: la tasa de impuesto a corporaciones foráneas, la otorgación de créditos contributivos a sus operaciones y la actualización del ya extenso catálogo de créditos contributivos que disfrutan. Estas asociaciones están promoviendo que se mantengan negociaciones con las corporaciones foráneas a fin de que estas continúen pagando el impuesto actual de 4% que genera cerca de $1,800 millones anuales por un “periodo razonable”. Esta propuesta se recuesta oportunistamente sobre las conversaciones que ya ha tenido la JWS con ejecutivos de esas corporaciones para extender el impuesto por un periodo de 10 años. Aunque, como todas las decisiones en el territorio, esta acción está subordinada a lo que decida el IRS sobre esta enmienda al código de rentas internas federal que vence en 2017.

 

 “Playground” para los ricos y el turismo

Otro aspecto importante es que tiene otros componentes aparte del desmantelamiento de la legislación laboral para apoderarse de infraestructura, operaciones y otros activos gubernamentales, es expandir a Puerto Rico como un “playground” para ricos y burgueses a través de la expansión del turismo. Aunque todas las medidas que impulsa este sector en el ámbito laboral tiene grandes expectativas de rendimiento, en su mayoría desembocan en más de un aspecto en la “industria” del turismo.

Los capitalistas de este sector se han sumado a la ofensiva de la Coalición del sector privado planteando que el turismo ha desplazado a la manufactura como sector económico que más empleos genera. Según sus portavoces, en este caso el economista burgués Gustavo Vélez, actualmente el turismo genera 80 mil plazas de empleo y aporta un 10% al Producto Nacional Bruto. Sin embargo, este nuevo estudio no analiza en qué condiciones trabajan esos miles de trabajadores en la actualidad y más aún, las nuevas circunstancias que creará la nueva reforma laboral.

También argumentan que el turismo no requiere incentivos federales ni locales para mantener su crecimiento y expansión. Nada más lejos de la verdad. Este sector ha sido históricamente recipiente de jugosos incentivos gubernamentales a nivel económico, cesiones de terrenos públicos para construcción de hoteles y a nivel contributivo. Resulta notorio el caso de Paseo Caribe, donde el gobierno no solamente cedió terrenos públicos por decisión de tribunal supremo, sino también hizo importantes aportaciones económicas de $51.8 millones a través del Banco Gubernamental de Fomento. Ahora, contradictoriamente, señalan que del 2006 al 2015 el Estado otorgó $300 millones a este sector y que redundó en la inversión de $3,000 millones con la creación de 11 mil empleos. Debemos preguntarnos: ¿Cuántos de esos hoteles han cerrado? ¿qué consecuencias ambientales ha tenido esa inversión en cuanto a la protección de terrenos costeros y agrícolas? ¿Qué ha pasado con los trabajadores cesanteados con esos cierres?

Este crecimiento económico que alegan estos sectores está montado sobre una burbuja especulativa que depende de las circunstancias externas de ese mercado y de las decisiones de los ejecutivos de esos monopolios hoteleros que en nada responden a los intereses económicos de la burguesía criolla. El ejemplo más reciente es el cierre del casino del hotel San Juan donde fueron despedidos 540 trabajadores.

 

El fraude del plan económico

Estas y muchas otras razones, demuestran que todo el plan económico que presenta la burguesía criolla, con sus distintos componentes de reforma laboral, exenciones contributivas y privatizaciones, constituye un verdadero fraude que atenta contra los derechos e intereses de las masas trabajadoras. También demuestra que carece de visión de verdadero desarrollo económico, el cual, si no incluye un componente de expansión de actividades productivas a nivel industrial y agrícola, resulta ser meras acciones inmediatas que fomentan la sobre explotación de nuestros recursos humanos y naturales.

Esto demuestra que la campaña de “apoyo a lo de aquí” solo responde a fortalecer esos grupos de explotadores fomentando un patrioterismo barato que en nada resuelve los inmensos problemas sociales y económicos que precisamente han creado su fracasado modelo económico.

La reforma laboral que exigimos, y por la que luchamos, los comunistas es una en que el Estado invierta en un programa de creación de empleos garantizados con la fijación de salarios determinada por un comité de ciudadanos obreros a base de un cálculo actualizado y realista de la canasta básica. En caso de ser necesaria una reducción en la jornada de trabajo, no será acompañada de una reducción de salarios y derechos adquiridos.

Es por esto que solo una economía planificada y dirigida con la clase obrera en el poder político es la única forma de transformar este indigno sistema de explotación. Solo una economía socialista estará en función de las necesidades y aspiraciones de las mayorías explotadas y marginadas. Esto solo lo lograremos con la organización de consejos obreros para la lucha política independiente de la clase obrera contra todos nuestros enemigos, locales e internacionales.