Burguesía criolla se alía con JWS en contra de la clase trabajadora

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Por: Rogelio Acevedo

 

En declaraciones escritas, la Coalición del Sector Privado, que agrupa distintos grupos de capitalistas criollos como la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, Asociación de Hospitales, Asociación de Constructores, entre otros, se han hecho eco de los planes de la administración entrante para reducir aún más los derechos laborales de la clase trabajadora. Básicamente estos exigen reformas en diferentes ámbitos legales supuestamente para impulsar la economía y la creación de empleos.

Entre las medidas que solicitan están reformas a las leyes laborales actuales y la derogación de la Ley de Cierre. Son precisamente las reformas laborales las más preocupantes por impactar un sector de la clase trabajadora altamente desprotegido, desorganizado sindicalmente y expuesto a la inestabilidad comercial en Puerto Rico. Este sector, entre empleados comerciales (236,000) y de servicios (332,000) representa un 57% de la clase trabajadora del país. Veamos.

La Coalición propone mediante legislación la flexibilización de los horarios y trabajo y los periodos de toma de alimentos mediante “acuerdos con sus patronos para autorizar horarios de trabajo alternos o flexibles”. Esto lo que significa es poner a merced de las arbitrariedades patronales a los trabajadores eliminando los periodos de descanso establecidos por ley y mediante el establecimiento de jornadas de trabajo que facilitan la explotación manteniendo condiciones precarias en cuanto a derechos marginales.

También exigen la extensión del periodo probatorio a 18 meses para nuevos empleados bajo contratos temporeros. Además, piden a gritos la derogación de la Ley 80 de 1976 que protege a los trabajadores ante despidos injustificados y compensaciones justas por despido bajo el alegato de que “se elimine la presunción de que los patronos siempre violan la ley y que estas afectan adversamente la capacidad de tomar decisiones necesarias para el bienestar de la empresa”. Encima buscan impunidad impulsando un límite en las compensaciones con despidos injustificados. Quieren tener las manos libres para hacer legales los abusos que ya cometen de forma generalizada y no tener que cumplir con su responsabilidad económica compensando justamente a las víctimas de despidos.

No satisfechos con impulsar condiciones laborales de miseria a esa masa trabajadora, pretenden apoderarse de los programas de seguro por accidentes laborales, por medio de la privatización de los servicios que provee la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La Coalición alega que “así funciona en la mayoría de los estados de EEUU donde la mayoría de las compañías de seguros privados ofrecen dicha protección a un costo menor y con más eficiencia.” Viendo el desastre que tenemos en la Reforma de Salud, hacer esa alegación, no solo es una burda mentira, sino que desenmascara sus verdaderos intereses y su afán de lucro.

Para los empleados despedidos cándidamente proponen que se les libere del pago de contribuciones sobre las compensaciones que reciban de sus patronos argumentando cínicamente que “de esa manera se incentiva la concesión de más beneficios voluntarios a los trabajadores, y que tengan más dinero en su bolsillo cuando se encuentren sin empleo.”

Todas estas movidas tuvieron su comienzo en la administración de Acevedo Vilá y se apuntalaron en la de Fortuño, donde este sector impulsó con éxito la eliminación de la paga doble y la ampliación de horarios de trabajo más extensos los domingos. Los argumentos en aquella ocasión eran exactamente los mismos: que para activar la economía y poder emplear a más personas, había que reducir los salarios y aumentar las jornadas de trabajo.

Sin embargo, vemos que durante los últimos años la actividad comercial ha descendido y a la misma vez han aumentado las quiebras, el empobrecimiento de la clase trabajadora y la migración masiva como consecuencia de las pobres oportunidades y condiciones laborales.

Está claro cada vez más para las masas obreras que la burguesía criolla no tiene ningún plan viable para desarrollar económicamente al país, que no sea por medio del aumento en la precarización del empleo. Sus verdaderos intereses se quedan muy estrechos frente a las grandes necesidades de la sociedad y las tareas para poderlas alcanzar. Es por esto que la única clase verdaderamente comprometida con los cambios revolucionarios que requiere nuestra sociedad es la clase trabajadora, la única representante legítima de nuestras verdaderas aspiraciones y la única capaz de luchar hasta el final por lograrlas. Es decir, por alcanzar la reorganización socialista de la sociedad.