Wall Street confabula otro robo monumental con nuestras pensiones

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Partido Comunista de Puerto Rico

1 de abril de 2013

San Juan, Puerto Rico

Comunicado de Prensa

El Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) nuevamente denuncia la incapacidad e improvisación con la que el Partido Popular Democrático (PPD) dirige los destinos de nuestro país en la coyuntura actual de crisis económica, social, política y medioambiental. Mientras Fortaleza dice una cosa, Hacienda dice otra y las cámaras legislativas van por su propio rumbo, todos de espaldas al pueblo. Con sus constantes vaivenes demuestran que el país está al garete, mientras nosotros, la clase trabajadora pagamos los platos rotos.

Uno de los asuntos de mayor preocupación para un gran sector de la clase trabajadora es la forma y manera en que el PPD se apresta a “reformar” la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) de los empleados gubernamentales. Estos agentes de Wall Street pretenden darnos otra dosis de la “medicina amarga” al hacer cambios sustanciales a la ASR teniendo en cuenta solamente los intereses del capital financiero sobre una amplia población desprotegida, lo que todas luces significa la profundización de la pobreza.

La nueva dosis recetada por los bonistas, y administrada por el Senado, promete entregarle en bandeja de plata al capital financiero el retiro de los empleados públicos con una serie de medidas que nuevamente lanzan sobre nosotros, la clase trabajadora, el peso de la crisis. Una vez desbrozamos toda la enredadera leguleya en que los legisladores envuelven sus propuestas, observamos que tienen dos ámbitos de mayor impacto sobre nuestros pensionados y pensionadas. Veamos:

– Para quien todavía tenga dudas de que este plan se orquesta desde Wall Street un botón. La propuesta de “sistema híbrido” pretende crear un mecanismo similar a las 401K donde los empleados públicos aportarán al menos 10% de su salario mensual. En la práctica lo que hace es entregarle ¡como mínimo el 10% del salario mensual de los empleados públicos al capital financiero!

Haciendo un ejercicio con algunos datos crudos y poco específicos vemos que éste representa otro esquema de robo monumental como fue el del aeropuerto. Si consideramos que el salario promedio de un empleado gubernamental es de aproximadamente $35 mil al año y lo multiplicamos por un estimado de 200 mil empleados, suma $7 millones mensuales. ¡Esta “aportación” equivaldría a $84 millones al año entregados al capital financiero!

Vienen a la mente algunas interrogantes que ya nos hacemos la clase trabajadora: ¿quién administraría ese fondo? ¿Quién rendiría cuentas a las y los pensionados en caso de que haya otra crisis financiera y “desaparezca” el fondo? ¿Cómo proponen los iluminados señores del Senado colonial fiscalizar el cumplimiento de los términos y condiciones para ese fondo? ¿Qué participación, si alguna, tendrán las y los pensionados en la toma de decisiones respecto a ese dinero?

– El otro aspecto de vital importancia es el aumento en la edad del retiro de 60 a 67 años. Aunque las edades para retirarse fluctúan entre los 59 y los 61 años, dependiendo de la ley que regula su contratación, el grueso de los empleados públicos (unos 112,531) tendrán que esperar 7 años adicionales para retirarse. Eso significará 7 años más entregándole al capital financiero el 10% de nuestros salarios.

La clase trabajadora debemos comprender que estos movimientos de los guaynabitos y los bonistas resultan perfectamente comprensibles, de eso se trata el capitalismo y ellos cumplen a cabalidad su función dentro de este sistema absurdo: apropiarse del producto de nuestro trabajo utilizando el Estado como herramienta. Sin embargo, lo que resulta preocupante es la excesivamente tibia repuesta de los sindicatos que agrupan los empleados del gobierno, cuyos “líderes sindicales” consumidos por la ideología burguesa, han llevado a sus matrículas a un severo desarraigo de su conciencia de clase y a la desmovilización.

¿Cuál ha sido la respuesta de la dirección de estos sindicatos? Negociaciones a espaldas de las matrículas, las vigilias e “intensos cabildeos”. Nada de prepararlas para la ofensiva que ya comenzó, de orientarlas a que en esta coyuntura no puede haber términos medios, en fin, de organizarlas para la lucha. Esta crítica situación de desmoralización y desmovilización no ocurre espontáneamente, sino que ha sido un proceso de años. Ya vimos el caso más reciente en la Autoridad de Puertos, con una matrícula de 900 empleados y empleadas con disposición a luchar, mientras sus “líderes” hicieron todo lo posible por evitar una huelga que definitivamente hubiese cambiado el panorama frente a la privatización.

El PCPR apoya y apoyará todas las movilizaciones que haga la clase trabajadora para reclamar sus derechos frente a los explotadores locales, como contra la oligarquía financiera. Por esto vemos positiva la manifestación de hoy 1 de abril. Sin embargo, más allá de las manifestaciones, para retar efectivamente estas medidas hay que insistir en la organización consciente: única forma efectiva de lucha. El tiempo apremia y mientras más tardemos en empezar, más terreno ganarán nuestros enemigos de clase.

Cada vez se hace más visible como los bonistas se erigen en los máximos dirigentes del rumbo del país, triturando en la vorágine del capitalismo a millones de seres humanos, nuestro patrimonio social y medioambiental con el simple objetivo de engordar sus bolsillos. Esos mismos bonistas, que dictan nuestras políticas públicas y que succionan una tercera parte del presupuesto anual del país, fueron activos cómplices del robo de fondos y en el endeudamiento de la ASR.

Personeros siniestros como Javier Ferrer y Carlos Ubiñas, agentes de Unión de Bancos Suizos (UBS) en contubernio con el sindicato de bancos (Banco Popular, Santander, Bilbao Vizcaya, Oriental, Lehman Brothers, Merrill Lynch, entre otros) deben responder a las autoridades judiciales, coloniales o imperiales, por el esquema de emisiones de bonos giradas contra el fondo de retiro, que resultó en un desfalco de al menos $500 millones. Esto sin contar las jugosas tajadas que se llevaron los bufetes que sirvieron de “intermediarios” en este timo.

Mientras la clase trabajadora nos empobrecemos a ritmo acelerado y hacemos de tripas corazones, el capital financiero, sin ningún tipo de empacho, reporta máximos históricos en sus ganancias. Ante este sombrío panorama, no nos queda otra alternativa que organizarnos como clase y prepararnos para hacer retroceder estas medidas, que ya empezaron hace rato (recordemos las leyes antiobreras de Fortuño, las autopistas, el aeropuerto, el gasoducto) que no se detendrán hasta despojarnos de todo. Ese es el “plan económico” de los guaynabitos: destrucción y despojo total.

Con el dinero del pueblo, ¡no al pago de la deuda ilegal!

¡Comunismo o barbarie!

Por la Comisión Política

Alberto Torres

787-247-1893

partidocomunistapr@gmail.com