La salud: derecho irrenunciable del pueblo

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Desde que se privatizó el sistema de salud pública del país en 1993, la calidad de los servicios sólo ha caido en picada. Éste ha sido uno de los golpes más severos que ha recibido el pueblo en tiempos recientes, porque se nos roba descaradamente una gran tajada de nuestro dinero y se nos priva de uno de los más elementales derechos: el acceso a servicios de salud.

El presupuesto del gobierno (que lo pagamos los trabajadores) asignado al área de salud para 2010 fue de $1,684,597,000. Esa fabulosa cifra sería suficiente para el mantenimiento de toda la infraestructura, así como para asegurar que cada persona tuviese acceso a los servicios. El pueblo no deja de preguntarse: ¿cómo es posible que el dinero no dé para mantener las instalaciones, cubrir las necesidades de los médico indigentes, de los envejecientes, de los niños? ¿A dónde va a parar ese dinero?

La respuesta es muy sencilla: las aseguradoras. Esas gigantescas empresas mafiosas deciden qué servicios va a recibir el pueblo, quién y cuándo.  Además, han organizado complejos esquemas de fraude para ganar intereses del dinero que le paga el pueblo generando descomunales ganancias y desde luego, negándose después a prestar los servicios.

Estos pulpos han afianzado su poder. Los funcionarios que ocupan cargos de responsabilidad dentro del sistema de salud provienen de las aseguradoras. Esto les asegura acceso a diferentes esferas para poder seguir saqueando. Así crean el andamiaje burocrático y legal para que el pueblo no pueda zafarse de este modelo ineficiente y fracasado.

La situación que sufre nuestro sistema de salud pública llega a tales niveles de crisis, que le ha resultado imposible al gobierno ocultar la corrupción que se manifiesta en las instalaciones médicas que aún no se ha vendido, como el Hospital Oncológico, única instalación del Estado que provee servicios a numerosos pacientes de cáncer en el país.

Como resultado de, primero la Reforma, y ahora Mi Salud, se le han ido disminuyendo las partidas presupuestarias hasta el punto de que está cercano a cerrar. Recientemente, el Senado y su fascista presidente hicieron una pantomima de llegar al rescate y otorgar los $10 millones faltantes para evitar su colapso. El dinero nunca llegó.

Otro caso reciente e igual de dramático es el Hospital San Juan Bautista en Caguas, que después del Centro Médico, es la instalación de salud más grande del país. Pero por el desbarajuste administrativo y gerencial, su infraestructura languidece trabajando muy por debajo de su capacidad real. Recientemente perdió su acreditación como taller para las escuelas de medicina.

Estos casos ejemplifican la grave situación, sin hablar del Centro Médico y de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA), que son los más notorios. El Centro Médico ahora recibe toda la carga de pacientes que antes eran atendidos en los centros de salud del sistema, pero que ahora las aseguradoras se niegan a atender. AMSSCA está desmantelada y cerca de 400 mil personas que requieren tratamientos de salud mental a distintos niveles han sido abandonadas a su suerte.

Los trabajadores del sistema de salud agrupados en varios sindicatos como UGT y la ULEES, se han mantenido denunciando sistemáticamente las difíciles condiciones laborales, y de salubridad e infraestructura, reclamando el cumplimiento de sus convenios colectivos y que se solucionen los problemas de planta física.

El Partido Comunista de Puerto Rico entiende que el actual modelo de prestación de servicios debe ser descontinuado. Es una necesidad inmediata que se regrese al modelo donde sea responsabilidad del Estado regular y proveer los servicios relacionados a la salud del pueblo trabajador, y los sectores marginados por el sistema capitalista colonial.

Las limitaciones presentes al acceso del pueblo a los servicios de salud genera una seria crisis social. Para colmo, somos los trabajadores, a quienes se nos limita el acceso, quienes cargamos con el peso de su financiación.

Se entiende la necesidad de destinar una porción considerable del presupuesto a la salud del pueblo. Estos recursos tienen que estar destinados a proveer servicios a los necesitados, y no para engordar los bolsillos de la clase capitalista.

Los trabajadores de la salud deben organizarse desde sus centros de trabajo y sindicatos para exigirle al Estado que:
– Se eliminen los intermediarios y que sea el Estado el encargado de esas funciones.
– Exigirle al Estado que se le garantice a cada persona acceso igual y gratuito a todos los servicios de salud. La afiliación partidista ni los ingresos pueden ser criterios para negarlos. Los ricos siempre tienen la opción de usar sus planes y hospitales privados, pero los trabajadores no.
– Se redirija el enfoque actual de uno remediativo, hacia uno preventivo. Esto hará que bajen los costos en servicios, se mejore la salud del pueblo y se evite que los intereses de los monopolios farmacéuticos sigan enriqueciéndose con el modelo de mantener al enfermo dependiente de sus mercancías, en vez de crear las condiciones para que el pueblo pueda disfrutar de una vida sana y saludable.
– Se restablezcan los centros de cuidado primario dentro del sistema público a nivel municipal y se extienda a nivel comunitario.

Desde luego, estas propuestas son sólo para comenzar a solucionar la compleja problemática del sistema de salud. Debemos ser los trabajadores —primero los de la salud— quienes intensifiquemos la lucha por rescatar nuestro sistema de salud como asunto estratégico para ir construyendo una sociedad basada en el ser humano y no en el afán de lucro.