APPU condena la criminalización estudiantil como preámbulo para la represión

0
88

COMUNICADO DE PRENSA

APPU
Contacto: Carmen Tirado 667-7510

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) condena las declaraciones hechas en el día de hoy por el Superintendente de la Policía José Figueroa Sancha quién amenazó con arrestar al líder estudiantil Waldemiro Vélez Soto. Las expresiones de Figueroa Sancha, “Todos sabemos que el estudiante Waldemiro fue expulsado y no tiene acceso al recinto universitario y si logra acceso será arrestado”,   aluden los cargos diciplinarios radicados por la Rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Ana Guadalupe, contra el líder estudiantil a raíz de la huelga del pasado mayo. Dichos cargos han sido expuestos en dos vistas administrativas universitarias, sin embargo, las posibles sanciones aún no han sido notificadas a Vélez Soto.

Las expresiones del Superintendente violentan la ley Federal Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99) que protege la privacidad de los expedientes educativos y prohibe la divulgación del historial de un estudiante. Ni la Universidad de Puerto Rico, ni la Policía de Puerto Rico y sus oficiales están autorizados a divulgar públicamente sanciones administrativas contra estudiantes las cuales son confidenciales, de acuerdo a la citada ley federal .

Las declaraciones del Superintendente Figueroa Sancha —en franca violación de la Ley Federal— representan un intento más de acallar y criminalizar la disidencia en la UPR cónsono con la demonstración de ayer en la cual el gobierno —representado por las acciones de la Policía— demostró una vez más que no respeta los espacios de libertad de expresión garantizados por nuestra Constitución.

En esta persecusión contra Waldemiro Vélez Soto es clave señalar que a raíz de la huelga del pasado mayo el líder estudiantil, junto a Arturo Ríos, sometió un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan,  contra las disposiciones 6.2 y 6.4 del Reglamento General de Estudiantes que regulan los cargos diciplinarios radicados a los estudiantes y las sanciones correspondientes. El interdicto alega que las faltas graves que conllevan sanciones de suspensión y expulsión son determinadas arbitrariamente por la Rectora, denunciado igualmente por miembros de la Junta de Disciplina del mismo Recinto en su informe anual.  La jueza Rebecca de León Ríos declaró que la falta de criterios para determinar cargos y sanciones en dicho reglamento es ilegal e inconstitucional porque se presta a arbitrariedad o capricho. Las autoridades universitarias elevaron el caso al Tribunal Apelativo que emitió una orden paralizando el efecto de la sentencia hasta que dicho tribunal determine si se sostiene la decisión de la jueza de León Ríos, o si es revocada.

El afán de criminalizar la disidencia de estudiantes, docentes y trabajadores, discurso que hoy repite el gobernador Fortuño en su mensaje, se interpreta como un preámbulo necesario para justificar la represión.

“Reiteramos nuestro llamado a alcaldes, legisladores y otros oficiales de gobierno a que  impulsen la mediación a fin de que se abran las puertas del díalogo entre la administración de la Universidad de Puerto Rico y todos los sectores de la comunidad universitaria para resolver la situación fiscal de la institución agravada por la Ley 7”, declaró María Gisela Rosado, Presidenta de la APPU.

NUESTRA UNIVERSIDAD NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN