La farsa de los Derechos Humanos en el Estado Español

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Por la Redacción del Abayarde Rojo
Solidaridad con el País Vasco

Una de las consecuencias más devastadoras del conflicto vasco, pero menos visibles para muchos fuera de Euskal Herria, es sin duda la existencia de cerca de 750 presos políticos que actualmente se encuentran encarcelados en las mazmorras de los Estados español y francés. Y es que aparte del cacareado discurso del “terrorismo” y de “banda armada” del cual nos intoxica la prensa burguesa, la situación de detenciones ilegales, torturas e inclusive asesinatos políticos contra ciudadanos vascos, constituye uno de los escollos principales para que España entre en el exclusivo club de los países del “Primer Mundo”.

La situación de los presos políticos ha alcanzado proporciones escandalosas de tal magnitud para el Estado español, que inclusive el Acuerdo Europeo para los DDHH en días recientes ha condenado a España por torturas efectuadas a militantes y ciudadanos vascos. La condena del organismo surge a raíz del caso del ciudadano Mikel San Argimiro, quien fue detenido en el 2002, torturado e incomunicado por 5 días por la Guardia Civil. El organismo ordenó al Estado español pagar una indemnización de 23,000 euros por negarse a investigar las denuncias de tortura.

Esto es sólo la punta del témpano de una situación de represión, intimidación y de falta de democracia que se da a nivel de toda la sociedad vasca, ejercida con total impunidad, y con un gran componente de cinismo, por el Estado español.

El Abayarde Rojo tuvo el privilegio de dialogar con algunos miembros del colectivo Etxerat. Esta agrupación, recientemente ilegalizada, agrupa abogados, psicólogos, médicos y familiares que forma una red social de apoyo a los presos políticos.

Sobre el complejo entramado legal que aplica el Estado español destacaron que “la Ley Antiterrorista provee para que se den detenciones hasta un máximo de 5 días en una comisaría (cuartel) y prorrogables por hasta 2 años en prisión. Antes se aplicaba la doctrina, con la que las sentencias llegaban a un máximo de 30 años, pero usualmente se redimían días de encierro por trabajo, estudio, entre otros, y que permitía que la mayoría de los prisioneros saliera a los 20 años.”

“Bajo el gobierno del Partido Popular se modificó la ley y se alargaron las condenas hasta 40 años. Bajo este nuevo estatuto los presos no tienen remisión de días y se les juzga por cada cargo individualmente cuando antes se incluía en una misma sentencia todos los cargos. Para colmo, los presos que cumplen sus condenas se les aplica la Doctrina Parot, que provee condenas adicionales para evitar su salida.”

Sobre las condiciones carcelarias aseguraron que “existen 684 presos políticos dispersos en 83 prisiones en los Estados español y francés (50 en España y 33 en Francia), donde sumándole la dispersión, éstos se encuentran en aislamiento total.” Añadieron que “todos los presos vascos tienen sus visitas y correspondencia intervenidas y los que están clasificados como primer grado (con condiciones más duras) no tienen derecho a posesiones personales. Llega al extremo de que tienen que solicitar artículos de aseo todos los días por escrito.”

“El Estado español utiliza la tortura contra los presos políticos a tres niveles: física (golpes, posturas incómodas, bolsas plásticas en la cabeza, ‘el frigorífico’), psicológica (amenaza a familiares) y sexuales (violaciones). Los presos que han hecho este tipo de denuncias por tortura han sido encausados por ‘calumnias’ a la Guardia Civil.”

Este colectivo entiende que la ilegalización de las organizaciones que dan apoyo a los presos políticos, inclusive de desplegar sus fotos en manifestaciones, lo que intenta es romper los lazos afectivos dentro de sus entornos y a la vez criminalizar la solidaridad. “La criminalización de la solidaridad dificulta en extremo la lucha.” Aún así esa red de apoyo social realiza campañas de denuncia, manifestaciones (muchas de ellas multitudinarias), interpelaciones a los políticos en los ayuntamientos locales y organiza grupos de trabajo por temas específicos, como el de los enfermos.

La situación de violación de DDHH bajo el gobierno de los “socialistas” y Rodríguez Zapatero no ha variado mucho, en particular sobre el problema de los presos políticos ya que “el PSOE no reconoce que hayan presos políticos y se niega a reunirse con las familias de los terroristas.” Sentenciaron que “la política del Estado español no variará mucho en el futuro cercano. Si se da un cambio de actitud será por las presiones políticas que pueda generar el pueblo vasco, tanto nacional, como internacionalmente.”

Ante tales condiciones de represión que sufre el pueblo vasco, es vital la solidaridad internacionalista, para que el Estado español reconozca el carácter político del conflicto y provea las bases programáticas para encaminar un proceso de autodeterminación. De no ser así, ante el evidente ascenso de la lucha popular en Euskal Herria, las perspectivas de lucha se perfilan interesantes y podrían operar a favor de que el pueblo vasco, en esta etapa, le arranque conquistas democráticas en materia de DDHH a las burguesías nacionalistas y españolistas.