La lucha de clases en Panamá

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Desde el 12 de junio pasado, el pueblo panameño enfrenta uno de los mayores retos de su  historia. En esa fecha la Asamblea Nacional aprobó en sólo tres días, a puertas cerradas y por descargue, y en un ambiente de intimidación policial —¿algún parecido con acontecimientos recientes en Puerto Rico?— una ley inconstitucional que reforma tres códigos y seis leyes de la República, entre ellas la ambiental, para legalizar los proyectos depredadores de la naturaleza.  Esa Ley 30 o Ley Chorizo, del presidente Ricardo Martinelli, busca suprimir el derecho de los trabajadores a la huelga y criminalizar la resistencia de las masas empobrecidas ante la feroz embestida de los dueños del capital. La nefasta Ley 30  establece, entre otras cosas, la eliminación de la obligatoriedad por parte de los patronos del descuento directo de la nómina para el pago de la cuota sindical —como medida de estrangulamiento económico de los sindicatos— y garantiza la inmunidad e impunidad absolutas para los policías que repriman brutalmente las expresiones públicas de protesta social.

Con todo y Ley 30, los enfrentamientos entre policías y manifestantes de organizaciones sindicales, comunales, estudiantiles, ambientalistas, indígenas y campesinas de junio y julio registrados en todo el territorio panameño revelan que el pueblo le perdió el miedo a la tiranía, aunque al costo de 4 muertos, más de 400 heridos, y sobre 800 encarcelados.

La resistencia del pueblo alcanzó su momento más álgido con la huelga, a guisa de insurrección popular espontánea, del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA), acompañados por campesinos, pescadores e indígenas de Changuinola,  provincia de Bocas del Toro, en la región fronteriza con Costa Rica. En esa huelga de 11 días, iniciada el 2 de julio, el pueblo tomó las calles de la ciudad y las principales carreteras de acceso a la misma, así como los puentes, los edificios públicos, las fincas bananeras y el aeropuerto. Era ésa la respuesta popular a las pérfidas acciones de la empresa Bocas Fruit Company que, envalentonada con la Ley 30, se negó a descontar las cuotas sindicales y a pagar los salarios adeudados a los trabajadores. La reacción no se hizo esperar y desembocó inmediatamente en una huelga general en toda la ciudad, exigiendo la derogación de la Ley 30.

La movilización nacional por parte de los trabajadores y sus organizaciones de Changuinola ha sido la chispa que ha incendiado la pradera social, provocando un movimiento nacional de repudio a la Ley 30. Es en ese ambiente de efervescencia social que se dio el Paro Nacional del 13 de julio, ejecutado por la más amplia convergencia sindical y especialmente dirigido por el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares de Panamá (SUNTRACS) y el Frente Nacional de Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO).  Aun con la persecución judicial contra la dirigencia sindical y aun con la represión policial, el paro general del martes13 de julio fue un rotundo éxito. La lucha heroica del pueblo obligó al Gobierno a negociar, aceptando éste la postergación por 90 días de  la vigencia de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30 de 2010.  Mientras tanto, el pueblo trabajador no baja la guardia y se prepara para subir un nuevo escalón en el enfrentamiento contra su enemigo de clase y su gobierno.