EN PELIGRO EL KARSO

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OTRO PILLAJE DE WALL STREET Y SU GOBIERNO TÍTERE

El pasado 13 de julio fue derrotada en la Cámara de Representantes una medida que pretendía enmendar la ley actual de protección de la zona kársica aprobada en 1999. Estas enmiendas pretenden abrirle paso a una serie de desarrollos que el actual reglamento prohíbe. Entre los desarrollos que alegadamente se impulsan por medio de esta enmienda se encuentran la construcción de viviendas, la continuación de la autopista 22 desde Hatillo a Aguadilla, la explotación minera y la construcción del gasoducto del norte, y el desarrollo de hoteles de lujo, con sus campos de golf, y otros.

Esta enmienda ha sido combatida por numerosas organizaciones ambientalistas, comunitarias y de base, que señalan que esto constituye un ataque frontal contra nuestro patrimonio natural y el desarrollo sustentable de la región. También señalan que lejos de aumentar la protección del recurso, como alega el secretario de Recursos Naturales, Daniel Galán Kercadó, se pretende liberalizar los procesos de evaluación y otorgación de permisos de construcción para las zonas protegidas.

La ley del karso obliga al DRNA y a la Junta de Planificación a proteger y conservar esta región. Inclusive el DRNA realizó un estudio sobre el karso donde se reconoce su importancia y valor ecológico, hidrológico y geológico.

Se ha señalado con insistencia la premura del gobernador Luis Fortuño para que se apruebe este proyecto, porque le otorga al secretario del DRNA la prerrogativa de aprobar proyectos sin pasar por los procesos de evaluación y vistas públicas. El pueblo conoce sobre los vínculos económicos del Gobernador, y sus allegados, con los mal llamados desarrolladores, responsables del actual desastre ambiental que asola al país.

Resulta contradictorio que esa proyectada expansión de la autopista 22 en la zona kársica represente la estrella de las Alianzas Publico-Privadas (APP) para un sector de la burguesía, a pesar del tremendo impacto que tendría en otros renglones económicos de menor repercusión ambiental que se llevan en la misma. El impacto recaería sobre industrias agropecuarias y ganaderas, como lecherías, sus derivados, y la carne, además de núcleos agrícolas de pequeña y mediana escala, socavando aún más la autosuficiencia alimentaria del País.

Es importante destacar que a pesar de la vigencia de la Ley del Karso, los constructores han logrado —utilizando el soborno y la corrupción— la aprobación de más de un centenar de proyectos en las zonas protegidas. Con este proyecto se pretende aislar aún más al pueblo y a las comunidades de los procesos administrativos de impugnación, vista pública y recurso de certiorari, como ya se ha logrado con la Ley de Permisos.

Las comunidades y el pueblo en general debemos estar alertas ante la posibilidad de que el proyecto sea aprobado en la próxima sesión legislativa. También está por verse cuál será la actuación de los tribunales en esta y muchas otras luchas ambientales, en las que en más de una vez han servido como instrumento de la burguesía y en contra de los intereses de las grandes mayorías